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Techo Digno. La «persecución» y la «corrupción kirchnerista»

(ADN).- Ningún intendente procesado en la mega causa Techo Digno duda sobre la «persecución» política que se ejerce -aseguran- desde el Gobierno en «complicidad» con el Poder Judicial. Incluso, los cuatro sobreseídos plantearon fuertes quejas en ese sentido tras los fallos absolutorios. Sin embargo, los diferencia la génesis de la investigación. Mientras que el arco peronista apunta a Comodoro Py y el macrismo (y su correlato posterior rionegrino), Aníbal Tortoriello centró su mirada en el oficialismo provincial.
Cuando la causa llegó a Río Negro, el ahora diputado libertario consideró que es «excelente» que se investigue y aludió a las irregularidades del «gobierno kirchnerista», ya que los «fondos de Nación no fueron a viviendas en algunos municipios». El ex intendente diferenció a Cipoletti de otras ciudades. Dijo que Abel Baratti (su antecesor) «dejó los recursos y estaban en la cuenta especial. Lo de Cipolletti fue impecable y de total corrección, pero es importante que se investigue».
Tortoriello integraba el PRO en ese momento y entendía -como ahora- que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron «lo peor» que le pasó al país. Su lineamiento político lo llevó del macrismo al mileismo, desde donde mantiene una prédica para «no volver al pasado».
Esta postura es bien diferente a lo que manifiestan los ex intendentes del PJ. Incluso, el ex senador Miguel Pichetto, gestor del programa en Río Negro, declaró en el proceso contra María Eugenia Martini y aseguró que no hubieron desmanejos de fondos públicos, sino que -explicó- en un país con inflación alta, preservar los recursos mediante un instrumento financiero era una necesidad, no un delito.
En ese tiempo Rogelio Frigerio era Ministro del Interior, y uno de los impulsores de la causa en los tribunales federales. El rol del ahora gobernador de Entre Ríos fue clave para quitar del proceso (en el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadío) a Viedma, gobernada por el radical José Luis Foulkes. Ese paso es clave en el peronismo para certificar sus dudas sobre la «persecución» política.
En rigor, en el Partido Justicialista ven que el macrismo inició el lawfare contra Cristina Kirchner. Y que la causa Techo Digno es parte del proceso de «desprestigio» al peronismo que continuó -aseguran- en Río Negro, de la mano de Juntos.
En estos días el tema volvió al debate público cuando Tortoriello aseguró que el Gobierno provincial utiliza la causa para «perseguir opositores políticos». El oficialismo desempolvó el archivo. En los tribunales se dirime una causa que lleva años entre la investigación penal y la tensión política.




