Rutas. «El traspaso es un gran problema para la provincia»

(ADN).- El legislador Leandro García expresó su oposición a la transferencia de las rutas nacionales a Río Negro, y trazó un duro diagnóstico sobre la complejidad de aceptar el «problema» sin los recursos necesarios. «El traspaso es un gran problema para la provincia, que será difícil revertir», subrayó.

El dirigente del bloque PJ-NE indicó que «los rionegrinos van a pagar dos o tres veces la infraestructura vial que hoy ya tiene problemas gravísimos. Hoy estamos todos soportando el costo pero los que hacen negocios vinculados al complejo exportador de gas y petróleo, no pagan lo que tienen que pagar», denunció en diálogo con Desde el Búnker.

Y vaticinó que «va a empeorar». «Cómo vamos a resolver este problema si Nación no le va a dar a la Provincia los recursos que se generan a partir del Impuesto al Combustible (que financia las obras y el mantenimiento vial)» se preguntó, y aseguró que para reemplazar los fondos que la Casa Rosada no le devuelve a las provincias, Río Negro se endeudará. «Y después no solo tendremos que pagar la deuda al dólar del momento de la devolución, sino que seguramente el Gobierno instaurará el sistema de peajes que fue una de las primeras leyes que se votaron en la Legislatura en el inicio de la gestión Weretilneck».

En ese sentido, vale recordar que Río Negro solicitó un crédito por 60 millones de dólares en Fonplata para realizar obras y reparaciones en 305 kilómetros de las rutas 22 y 151 recientemente traspasadas por Nación.

García reforzó así la posición del bloque del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, que en abril había alertado por el perjuicio a la provincia.

«Es un traspaso vacío» indicaron los legisladores, quienes emitieron un decálogo sobre los puntos del decreto que firmó el presidente Javier Miei en aquel entonces, que dio el marco al acuerdo firmado ayer en la Casa Rosada por el gobernador Alberto Weretilneck y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Los cuestionamientos:

-El negocio del impuesto al combustible que nunca volvió a las rutas: El Estado Nacional recauda miles de millones a través del impuesto a los combustibles, cuya razón histórica de existir es el financiamiento vial. Ese dinero no fue a las rutas 22 y 151. Fue a cubrir otros compromisos fiscales, incluyendo pagos al FMI. El Decreto 253 es la confirmación oficial de que la Nación no piensa devolver ese dinero en asfalto.

-La Nación se queda con el activo y le exporta el pasivo a la provincia: El artículo 5° del decreto es explícito: la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre las rutas permanecen en manos del Estado Nacional. Pero el artículo 2° obliga a la provincia a mantener «indemne al Estado Nacional y a sus funcionarios frente a toda pretensión, acción o reclamo», incluyendo la responsabilidad civil por daños a personas y bienes. La Nación conserva la ruta. La provincia asume las demandas. Eso no es federalismo: es tercerización del riesgo.

-El peaje como doble castigo al mismo ciudadano: El mecanismo propuesto financia las obras cobrándoselas directamente a quienes ya pagaron el impuesto al combustible para que se hicieran. Primero tributan, después pagan peaje. Y los fondos del tributo original siguen sin aparecer ni rendir cuentas.

-El artículo 7° hace imposible cualquier proyecto integral: Los fondos recaudados por peaje en un tramo no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza, aun cuando tengan vinculación física. Dicho en criollo: la plata del peaje de un kilómetro no puede usarse en el kilómetro de al lado aunque sean parte del mismo corredor. Eso hace inviable cualquier planificación seria de infraestructura regional.

-La trampa del plazo de un año: El artículo 8° establece que si la provincia no llama a licitación dentro del año de aprobado el convenio, la delegación decae automáticamente. Ese plazo no es un incentivo: es una trampa política. Fuerza a provincias con presupuestos ajustados a moverse en tiempos que la propia Nación no cumplió en años. Si fracasan, la culpa quedará instalada en los gobernadores. La Nación habrá lavado sus manos dos veces.

-Las provincias no tienen los recursos y el decreto no se los da: Río Negro no puede garantizar insumos básicos en sus hospitales. Neuquén arrastra déficits propios. El decreto habilita pero no transfiere un solo peso. Pedirles que financien, liciten y ejecuten obras de infraestructura federal es trasladarles una responsabilidad sin los fondos que la generaron. La delegación sin recursos es un eufemismo del abandono.

-La cláusula de indemnidad: la provincia queda sola ante la Justicia. El artículo 2° no solo traslada la gestión operativa: traslada toda la imputación jurídica del proceso contractual. Si hay un accidente en la ruta, una demanda de un concesionario, un conflicto laboral o un reclamo ambiental, la provincia responde. El Estado Nacional, que conserva el dominio y cobró el impuesto al combustible durante años, queda blindado. Es una cláusula de impunidad disfrazada de federalismo.