El control biométrico y el derecho a la privacidad

(ADN).- La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR – FESPROSA) exigió al ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, dar marcha atrás con la implementación del de control de asistencia biométrica, y advirtió que el sistema vulnera el derecho a la privacidad.

El sindicato advirtió que la captura y almacenamiento de rasgos faciales no constituye un simple registro de horario, sino que implica el tratamiento de datos personales y sensibles amparados por la Ley Nacional Nº 25.326. En este sentido, alertaron en un comunicado que «una eventual vulneración, filtración o utilización indebida de dicha información puede generar consecuencias irreversibles para las y los trabajadores afectados».

Además, el gremio denunció que hasta el momento no han recibido ninguna documentación oficial, protocolo, ni garantías técnicas sobre cómo se resguardarán esos datos, recordando que para recolectar este tipo de información sensible se requiere el «consentimiento libre, expreso e informado» de cada persona.

Más allá de los aspectos legales, la decisión oficial generó fuerte indignación por el contexto que atraviesan los hospitales. La dirigencia de ASSPUR cuestionó severamente que se destinen recursos públicos a la incorporación de esta «tecnología invasiva» cuando el sistema de salud padece problemas estructurales largamente denunciados.

Entre estas urgencias, el gremio enumeró la «insuficiencia de personal en numerosos servicios, vacantes sin cubrir, dificultades edilicias, carencias de equipamiento e insumos y salarios deteriorados frente al costo de vida». Para los representantes de los trabajadores de la salud, la prioridad de la inversión pública debe estar orientada a mejorar la atención a la población y no a mecanismos de control.

Frente a esta situación, el sindicato solicitó formalmente la suspensión inmediata del sistema de biometría, la remisión de todos los expedientes vinculados al proyecto y la urgente convocatoria a una mesa de diálogo y negociación paritaria. Finalmente, advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales en defensa de los trabajadores ante cualquier avance unilateral del Ministerio.