El ARI suma sinergia al narcotest para funcionarios públicos

El parlamentario al referirse a la propuesta que ingresó con su firma, señaló que “estas iniciativas y no son novedosas, ya en septiembre de 2016, los entonces legisladores Ariel Rivero, Javier Iud y Alejandro Marinao ingresaron un proyecto que no prosperó”.

Admitió la complejidad y sensibilidad del tema, motivo por el cual el proyecto “que presentamos nosotros tiene un alcance un poco mayor hacia quiénes está dirigido”, aunque subrayó que también prevé “amplias garantías de confidencialidad, defensa y debido proceso para los funcionarios que deban someterse a los exámenes”.

Indicó que su propuesta “está elaborada en base a legislación comparada, incluso con sistemas legales y normas de diferentes países. Fue estudiada y analizada durante varios meses con nuestros asesores como hacemos con todos nuestros proyectos de Ley”.

Frugoni recordó que por este tema “me reuní en agosto del año pasado con la vicegobernadora de Neuquén, Zulma Reina, para hablar de la propuesta neuquina que fue aprobada en septiembre pasado en esa provincia y existen normas similares vigentes en Entre Ríos, San Luis y Córdoba y en varias municipalidades del país”.

“Esto no se trata de una caza de brujas, ni de meterse en la vida privada de nadie, ni de realizar juicios morales, ni de estigmatizar a las personas, sino de evitar restricciones en las capacidades indispensables para el ejercicio responsable de la función pública; esa es la idea que incluso está previsto en el artículo 51° de nuestra Constitución provincial, no solo para el acceso sino también para la permanencia en los cargos públicos”, agregó.

El también vicepresidente de la bancada CCARI-Cambiemos, admitió que “es una propuesta que causa malestar en algunas personas y rechazo en otras, pero lo que estamos haciendo aquí es -ni más ni menos- que colaborar en el fortalecimiento del sistema, la transparencia en la función pública y el resguardo de las instituciones”.

Consultado sobre qué podría ocurrir existiendo dos propuestas similares (la de Mansilla y la suya), el representante del Circuito Atlántico explicó que “si ambos proyectos llegan al debate de comisiones, seguramente nos pondremos de acuerdo con Mansilla y unificaremos su texto al nuestro para tener la mejor Ley posible en Río Negro”.

La letra de la propuesta de la CCARI garantiza la transparencia del procedimiento y determina que la Defensoría del Pueblo, en su carácter de organismo equidistante de los tres poderes del Estado, con apoyo técnico del Ministerio de Salud y la intervención de la Escribanía General de Gobierno, seleccione dos veces al año, en fechas definidas sin conocimiento previo de los funcionarios alcanzados, y mediante un sorteo aleatorio, a veinte funcionarios del Poder Ejecutivo, diez del Poder Judicial y diez del Poder Legislativo, que deberán someterse a los exámenes.

La Defensoría hará todo el seguimiento del proceso, en forma absolutamente confidencial e incluyendo la realización de contrapruebas a cargo del funcionario cuando el primer examen arroje resultado positivo y finalmente comunique los resultados al titular del Poder que corresponda para que se inicien los procedimientos constitucionales y legales de remoción del cargo.

El proyecto de Frugoni, de convertirse en Ley, alcanzará al Gobernador y Vicegobernador, Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios y Subsecretarios, titulares de Empresas Públicas y Entes Autárquicos, Fiscal de Estado, Jefe y Subjefe y personal superior de Policía, titular del Servicio Penitenciario Provincial, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Secretarios de Juzgado, Legisladores y Secretarios de la Legislatura, Defensor del Pueblo Titular y Adjunto y miembros del Tribunal de Cuentas.