Arrancan los radares y Acevedo advierte: no son para recaudar

(ADN).- Desde el jueves, el Gobierno de Río Negro pone en funciones las fotomultas en cuatro rutas que ya están radarizadas. Las penalidades económicas irán desde los 200 a los 400 mil pesos. Ante la inminencia de la media, el autor de la ley, Javier Acevedo, alertó que el espíritu no es fiscal.

“Los radares deben servir para prevenir accidentes, no para recaudar”, exhortó el presidente del bloque de la CC-ARI. «La utilización de radares solamente tiene legitimidad social cuando cumple una finalidad preventiva, de ordenamiento del tránsito y reducción de accidentes, y no cuando aparece asociada a objetivos meramente recaudatorios”, agregó

En ese sentido, remarcó que la normativa provincial establece condiciones específicas para la instalación, habilitación y funcionamiento de los equipos de fiscalización electrónica. Entre ellas se destacan la homologación y certificación técnica de los dispositivos, la señalización vertical preventiva con suficiente antelación, la identificación clara de las velocidades máximas permitidas y la cartelería que informe la existencia de controles electrónicos.

¿Dónde están y cuáles son las velocidades?

-Ruta 22
Villa Regina: 2 radares – 80 km/h
Cervantes: 1 radar – 110 km/h
Río Colorado: 2 radares – 60 km/h

-Ruta 151
Cipolletti: 2 radares – 60 km/h
Cinco Saltos: 2 radares – 60 km/h
Sargento Vidal: 2 radares – 60 km/h

-Ruta 250
Lamarque: 2 radares – 60 km/h

-Ruta 3
Viedma: 2 radares – 80 km/h
Sierra Grande: 2 radares – 60 km/h

Publicidad y trazabilidad

La norma exige la publicidad y trazabilidad de los puntos de control autorizados, la intervención de organismos competentes con auditorías periódicas sobre calibración y funcionamiento, el respeto del debido proceso administrativo y el derecho de defensa del ciudadano, y la aplicación de criterios uniformes y técnicamente fundados para la determinación de velocidades y zonas de control.

En materia de señalización, los estándares técnicos compatibles con el Manual de Señalamiento Vertical de la Dirección Nacional de Vialidad establecen que todo control electrónico debe estar precedido por al menos dos carteles informativos: el primero, de carácter preventivo, ubicado entre 500 y 1.000 metros antes del dispositivo; y el segundo, de carácter reiterativo, entre 250 y 500 metros antes. Inmediatamente previo al radar debe colocarse la señal reglamentaria circular que indique la velocidad máxima permitida en el tramo. Las señales preventivas —de color amarillo, con leyendas como “Control electrónico”, “Fiscalización electrónica” o “Radar”— deben tener dimensiones de entre 120 y 150 cm en rutas, mientras que los carteles reglamentarios oscilan entre 90 y 120 cm, todos con lámina retrorreflectiva de alta intensidad. En autopistas o corredores de alta velocidad, las dimensiones pueden ser mayores.

El marco normativo que sustenta estos requisitos incluye el Manual de Señalamiento Vertical de la DNV, el Decreto 779/95 Anexo L —que fija criterios de ubicación y visibilidad de señales—, la Disposición ANSV 294/2010 sobre publicidad y señalización de controles, y las resoluciones de homologación de radares dictadas por la ANSV, que reiteran la obligatoriedad de la cartelería conforme a los estándares de la DNV. “Si el conductor descubre el control recién cuando tiene el equipo encima, el sistema deja de cumplir una función preventiva y pasa a tener un carácter meramente recaudatorio”, advirtió Acevedo.

“El espíritu de la ley 5726 fue evitar mecanismos sorpresivos o discrecionales. La seguridad vial requiere previsibilidad, transparencia y controles técnicamente respaldados”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los controles deben estar acompañados por políticas integrales de seguridad vial, incluyendo campañas de educación, mejora de infraestructura, señalización adecuada y prevención de riesgos en corredores de alta circulación.

“No estamos discutiendo la importancia de controlar excesos de velocidad. Estamos diciendo que esos controles deben realizarse con reglas claras, información visible y estricto cumplimiento de las garantías previstas por la ley”, concluyó Acevedo.