<\/p>\n
(ADN).- Un proyecto de ley busca establecer un marco jur\u00eddico para las entidades que otorgan cr\u00e9ditos a los agentes p\u00fablicos provinciales, exige transparentar los contratos y fija un tope m\u00e1ximo al costo financiero para prevenir el sobreendeudamiento. Este control sobre los cobros, busca asegurar que el Estado proteja el salario al actuar como agente de retenci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan los autores, el mecanismo de cobro directo sobre los sueldos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Provincial exige un esquema de control institucional. La iniciativa propone regular las condiciones que deben cumplir las entidades crediticias para utilizar el sistema estatal de deducciones. La propuesta estipula requisitos objetivos para salvaguardar los ingresos de los trabajadores.<\/p>\n
Es impulsada por Leandro Garc\u00eda, con el acompa\u00f1amiento de Alejandra Mas, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Pedro Dantas. Los legisladores del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro argumentan que la participaci\u00f3n activa del gobierno en las retenciones salariales genera un deber de actuar con transparencia y diligencia.<\/p>\n
En sus fundamentos, el texto legislativo advierte que \u201cel sistema no puede concebirse como un mero tr\u00e1mite administrativo carente de controles\u201d. La autorizaci\u00f3n para operar mediante estos descuentos se define como una prerrogativa gubernamental y no como un derecho adquirido de las prestadoras.<\/p>\n
Para acceder o permanecer en el r\u00e9gimen, la propuesta exige que las entidades detallen el contenido \u00edntegro de sus contratos. Esto obliga a informar de manera expl\u00edcita el sistema de amortizaci\u00f3n, el monto total financiado, la cantidad de cuotas y las tasas aplicadas.<\/p>\n
Asimismo, el texto dispone que la autoridad de aplicaci\u00f3n solo habilitar\u00e1 deducciones para aquellas operaciones cuyo Costo Financiero Total respete un par\u00e1metro de referencia espec\u00edfico. Dicho l\u00edmite se establecer\u00e1 tomando como base indicadores objetivos del mercado.<\/p>\n
Si el proyecto se aprueba, el Estado provincial evitar\u00eda facilitar el cobro autom\u00e1tico de pr\u00e9stamos con costos desproporcionados. De este modo, la retenci\u00f3n salarial limitar\u00eda aquellas pr\u00e1cticas crediticias que actualmente resultan perjudiciales para los empleados.<\/p>\n
La propuesta exige que los descuentos salariales cuenten con la autorizaci\u00f3n expresa, escrita e individual del agente p\u00fablico. Asimismo, la iniciativa prev\u00e9 la creaci\u00f3n de un Registro Provincial de entidades autorizadas que ser\u00e1 p\u00fablico, gratuito y de acceso digital.<\/p>\n
El proyecto estipula que la autoridad de aplicaci\u00f3n debe publicar de forma permanente el listado de prestadoras habilitadas, las tasas vigentes y el Costo Financiero Total. La medida contempla tambi\u00e9n la difusi\u00f3n obligatoria de las sanciones, suspensiones y revocaciones aplicadas a las firmas crediticias.<\/p>\n
El texto procura \u201cgenerar un sistema m\u00e1s equilibrado, transparente y responsable\u201d, tal como afirman sus redactores. El objetivo radica en preservar la libertad de contrataci\u00f3n de los particulares sin comprometer la responsabilidad del sector p\u00fablico en la protecci\u00f3n del salario.<\/p>\n
\t\t\t<\/p><\/div>\n