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Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilizaci\u00f3n ser\u00e1 el 12 de mayo y tendr\u00e1 como punto de concentraci\u00f3n la Plaza de Mayo, en lo que ser\u00e1 la cuarta protesta del sector desde la asunci\u00f3n del presidente Javier Milei.<\/p>\n
La convocatoria, bajo la consigna \u201cMarcha federal por la educaci\u00f3n, la universidad p\u00fablica y la ciencia nacional\u201d, fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federaci\u00f3n Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Hist\u00f3rica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). El llamado incluy\u00f3 a estudiantes y a la sociedad en general, con el objetivo de ampliar el alcance del reclamo.<\/p>\n
El eje central de la protesta ser\u00e1 la aplicaci\u00f3n efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualizaci\u00f3n para los gastos de funcionamiento, los salarios y las becas. Las autoridades universitarias sostienen que la norma no se est\u00e1 cumpliendo y que eso impacta en el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.<\/p>\n
La nueva marcha se inscribe en una serie de medidas de visibilizaci\u00f3n que el sector viene desplegando en los \u00faltimos meses. La semana pasada se realiz\u00f3 un paro a la japonesa, con actividades abiertas a la comunidad, clases p\u00fablicas y servicios gratuitos en distintas facultades.<\/p>\n
El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales. La primera se realiz\u00f3 en abril de ese a\u00f1o y marc\u00f3 la primera gran protesta contra el Gobierno, con foco en la actualizaci\u00f3n de los gastos de funcionamiento.<\/p>\n
Con el paso de los meses, el conflicto se desplaz\u00f3 hacia la cuesti\u00f3n salarial. Las universidades advierten sobre la p\u00e9rdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes y se\u00f1alan dificultades para sostener actividades acad\u00e9micas y de investigaci\u00f3n.La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar actualizaciones peri\u00f3dicas tanto para salarios como para partidas presupuestarias. Tambi\u00e9n contempla la actualizaci\u00f3n de becas estudiantiles, un punto que las universidades consideran clave para sostener el acceso al sistema.<\/p>\n
En paralelo, el conflicto avanz\u00f3 en el plano judicial. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmaci\u00f3n en C\u00e1mara ordenaron la aplicaci\u00f3n de art\u00edculos centrales de la ley, vinculados a la recomposici\u00f3n salarial y al financiamiento. El Estado apel\u00f3 esas decisiones y el expediente contin\u00faa en discusi\u00f3n.<\/p>\n
El Gobierno mantiene su rechazo a la implementaci\u00f3n de la norma. Argumenta que la ley no define fuentes de financiamiento espec\u00edficas y que su aplicaci\u00f3n podr\u00eda afectar el equilibrio fiscal. En esa l\u00ednea, present\u00f3 recursos judiciales y avanz\u00f3 con iniciativas legislativas alternativas.<\/p>\n
En el Congreso, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la ley vigente y reduce el alcance de las actualizaciones previstas. La propuesta no contempla la recomposici\u00f3n correspondiente a 2024 y plantea ajustes acotados para este a\u00f1o.<\/p>\n
Mientras tanto, las universidades sostienen el reclamo en distintos frentes. La convocatoria a una nueva marcha busca reinstalar el tema en la agenda p\u00fablica y sumar presi\u00f3n para que se cumpla la normativa vigente en un conflicto que, por ahora, sigue abierto.<\/p>\n<\/div>\n