Exviceministro de Defensa podría ser declarado en “rebeldía judicial” por la Fiscalía en caso de helicópteros MI-17: cuál es la razón

La solicitud de la Fiscalía General de la Nación para declarar en “rebeldía judicial” al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto marca un punto crítico en la investigación por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional de Colombia.

La medida, anunciada el martes 21 de abril ante la jueza 63 de control de garantías de Bogotá, se basa en que el exfuncionario no atendió las citaciones para responder por su eventual responsabilidad en un esquema de corrupción que involucra un contrato por aproximadamente USD 32 millones y cuya ejecución defectuosa mantiene en vilo una de las capacidades aéreas más sensibles de la institución.

En la presentación de cargos ante la magistratura, la Fiscalía argumentó que Suárez Soto, desde el inicio del proceso, no acudió a las diferentes citaciones y ha presentado reiteradas excusas médicas para justificar su ausencia.

Tras notificársele oficialmente de la imputación en diciembre, el exviceministro solicitó un aplazamiento por motivos de salud y volvió a presentar una justificación similar con vigencia hasta el 24 de abril, lo que ha postergado la audiencia sin que se atiendan los requerimientos judiciales.

Según detalló el fiscal de la Unidad Anticorrupción ante la jueza, la conducta del investigado corresponde a una inasistencia no justificada conforme al Código de Procedimiento Penal.

La causa parte de la adjudicación de un contrato de mantenimiento para la flota de helicópteros rusos MI-17, fundamentales para operaciones de rescate y misiones contra grupos armados ilegales.

El convenio, suscrito el 31 de diciembre de 2024 en la sede del Ministerio de Defensa en Bogotá y valorado en cerca de $134.000 millones, fue otorgado a una empresa extranjera sin experiencia comprobada en dicho tipo de mantenimientos, según documentó Semana en una serie de reportajes exclusivos.

La investigación de la Fiscalía, sustentada en hechos registrados entre septiembre y diciembre de 2024, apunta a acciones de presión para direccionar el contrato e involucra también al exdirector de Logística del Ministerio, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y a los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.

La imputación incluye delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

La Fiscalía anunció que, debido a la gravedad de los delitos atribuidos y el riesgo de fuga de los implicados, solicitará medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad para los cuatro procesados.

A raíz del incumplimiento contractual, el Estado consiguió recuperar en enero de este año más de USD 20 millones. Sin embargo, Giovanni Arturo González Zapata, secretario general (e) del Ministerio de Defensa, explicó a Semana que estos recursos, de acuerdo con las reglas fiscales vigentes, deben ser consignados al Tesoro Nacional, lo que impide su reinversión directa en la Aviación del Ejército o en nuevos contratos de mantenimiento.

Esta restricción financiera deja sin solución los problemas técnicos y operativos que motivaron el contrato original y que afectan la continuidad de las operaciones aéreas.

El impacto operativo fue inmediato y concreto, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía: tres helicópteros quedaron fuera de servicio tras alcanzar sus límites técnicos sin haber recibido el mantenimiento requerido, mientras que otras ocho aeronaves sufrieron reducciones de operatividad por la falta de repuestos.

Este escenario compromete la capacidad de respuesta en regiones estratégicas y obliga al Ejército a mantener restringidas las operaciones de toda la flota hasta que se concrete la contratación de un nuevo proveedor.

Existen diferencias fundamentales en las versiones sobre la participación de Luis Edmundo Suárez Soto en la negociación y firma del contrato investigado.

En septiembre de 2025, durante la fase preliminar de la indagación, Suárez Soto dijo a Semana: “Ese contrato tuvo muchas dificultades y eso nos fue corriendo los tiempos al Ministerio para poder hacer el contrato”.

En esa entrevista, el exviceministro afirmó de manera categórica: “Finalmente, yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no lo firmé”.

No obstante, en el contexto de una audiencia y a través de su defensa, Suárez Soto cambió de postura. Su abogado, fundamentándose en un decreto de la Presidencia de la República, subrayó que el exviceministro ejercía funciones de ministro encargado desde el 30 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025, por lo cual tenía la competencia para suscribir el contrato.

“¿Quién era el ministro para el momento de la firma? Luis Edmundo Suárez Soto”, puntualizó su defensor ante la jueza, argumentando que por ese motivo la imputación solo puede ser formulada por su juez natural dadas las coberturas de fuero constitucional.

En este proceso, la Fiscalía informó que reservará la presentación de información “de seguridad nacional” y tramitará esas partes de la audiencia bajo carácter confidencial.

La situación actual mantiene la incertidumbre sobre la capacidad operativa de los helicópteros MI-17 y el futuro legal de Suárez Soto y los otros imputados, mientras continúa el escrutinio judicial y público sobre este millonario contrato del sector Defensa.